Entre los problemas que nos trae la descontrolada utilización de agroquímicos en nuestro país se encuentra la peligrosidad de los envases deshechados, ya que son muchísimos los casos en que los envases de estos productos se encuentran en basurales a cielo abierto, a un lado de la ruta o en cursos de agua.

Tras años de darle vuelta al problema, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece presupuestos mínimos para el tratamiento de envases fitosanitarios. La norma establece como obligatoria la devolución de los envases vacíos de los productos, previo triple lavado y perforación, que el agricultor o aplicador deberá entregar en un Centro de Acopio Transitorio (CAT), desde allí se acondicionarán para su traslado a una planta industrial recicladora del plástico o para su disposición final en caso de que el envase no sea reciclable. 

Lo que no termina de cerrar es que el productor no requerirá un transporte especial para el traslado al CAT, ya que el envase en cuestión no queda afectado por la ley de residuos peligrosos. Para los diputados que votaron en contra, aún había mucho para mejorar en la iniciativa. Quienes rechazaron la norma tenían sus propias propuestas legislativas (centro izquierda, Libres del Sur y FIT).

Recordemos que solamente en las zonas agrícolas de Buenos Aires se utilizan por año 95 millones de kilos de glifosato y otros herbicidas altamente tóxicos como 2.4D, atrazina, glufosinato, e insecticidas muy venenos como clorpirifós, imidacloprid, clotianidina y carbamatos, los cuales suman más de 140 millones de kilos de agrotóxicos vertidos sobre 5 millones de personas que habitan las pequeñas ciudades y pueblos rurales.